El futuro de las infraestructuras verdes alimentarias: cinturones verdes, oasis y cuencas fruti-hortícolas

Por Beatriz Giobellina (PhD)

Coordinación OBSERVATORIO AUPA (Agricultura Urbana, Periurbana y Agroecología)

INTA AER Córdoba – FAUD-UNC (Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño Industrial
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)

Entre 2015 y 2018, en el marco del ex Programa Nacional de INTA (PNNAT) de RRNN, Gestión Ambiental Ecoregiones, impulsamos en varias ciudades del país la articulación de diagnósticos y relevamiento sobre qué estaba pasando con los sistemas fruti-hortícolas históricos que producen alimentos de proximidad a las urbes. Constituimos una red de cooperación: la Red PERIURBAN. En setiembre de 2017, el Encuentro nacional “Perirubanos hacia el consenso” organizado por el PNNAT y el INTA Córdoba (CR, AER Córdoba y CIAP), puso en evidencia la amplia preocupación (y ocupación) de organizaciones, técnicos/as, agricultores/as y académicos/as respecto a dinámicas críticas que están suecediendo en todo el país. Dos grandes ejes detectábamos y se expusieron en conferencias, talleres y más de 350 trabajos científicos presentados. Un eje era el problema de retroceso y pérdida de los cinturones verdes, oasis y valles productores de hortalizas y frutas, imprescindibles para la alimentación actual y futura de la nación. El otro era la convivencia entre ciudad y agricultura, cuando existen conflictos por contaminación (Ver las Publicaciones del O-AUPA).

En este artículo nos centramos en los alimentos de proximidad, donde la pérdida es de superficie en cultivo y de los mejores suelos disponibles; destrucción de infraestructuras de irrigación, algunas de más de un siglo producto de inversión pública; pérdida de biodiversidad, de semillas y razas autóctonas, que afectan a la soberanía alimentaria; y pérdida y vulnerabilidad de miles de agricultores y agricultoras con sus familias, quienes se ven expulsadas de sus territorios y poco o nada valoradas por la sociedad en cuanto a su contribución a la salud y bienestar del pueblo argentino. Estas destrucciones son producto del malo o inexistente ordenamiento territorial o donde los decisores y planificadores no valoran la importancia de estos sistemas y permiten el avance erosivo de la urbanización y/o de reconversiones de uso de suelo para agricultura extensiva, minería u otras actividades poco compatibles que asfixian estos cinturones o infraestructuras verdes alimentarias.

En ese sentido, se está gestando un proyecto de ley para protegerlos, impulsado por la CTEP-MTE y otros movimientos de base de productores, que han pedido el aporte de académicos, técnicos y cuanta persona u organización desee aportar ideas y apoyar esta iniciacitiva. En este mes de mayo miles de agricultores se movilizaron para debatir políticas urgentes para el sector, entre las que están esta ley. A continuación exponemos los fundamentos del proyecto e invitamos a aportar ideas y/o apoyarlo institucionalmente enviando un mail a: leydecinturonesverdes@gmail.com

PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS TERRITORIOS PERIURBANOS HORTÍCOLAS (TPH):

CINTURONES VERDES, OASIS Y VALLES FRUTI-HORTÍCOLAS

 Los territorios periurbanos hortícolas (TPH) en Argentina -que adoptan la forma de cinturones verdes, oasis o valles frutihortícolas según cada región del país- se encuentran fuertemente amenazados y en continuo retroceso, al igual que las funciones sociales, ecológicas y económicas que aportan para el conjunto de la sociedad. Se están reduciendo en superficie y en número de productores, y/o relocalizando a mayores distancias de sus mercados naturales de proximidad en zonas que pueden tener mayor fragilidad ecológica, fuera de las infraestructuras disponibles de regadío o rodeadas de producciones extensivas con monocultivo y uso intensivo de agroquímicos. En gran medida, dicho fenómeno se debe a la expansión dispersa de la frontera urbana, desvinculada de demandas habitacionales; con fines especulativos para obtener una rentabilidad extraordinaria en el corto plazo, con perjuicios sociales por la pérdida de los espacios que afectan[1] al competir y expulsar sistemáticamente a las unidades agropecuarias vinculadas con la producción de alimentos frescos. En algunos territorios se suma también la expansión de la frontera de la agriculturización, generando una doble presión a los TPH, cuyo resultado es el abandono de producción local de alimentos y su reemplazo por commodities.

Esta expansión urbana compromete la sustentabilidad de las ciudades. Según CIPPEC[2], las ciudades en Argentina son extensas y difusas, de baja densidad poblacional[3], con una fragmentación espacial de diferentes usos del suelo y la proliferación de vacíos urbanos, lo cual se traduce en elevados niveles de segregación y falta de cohesión social. Estas características las tornan menos eficientes energéticamente y, por lo tanto, aún más insustentables en el largo plazo, porque demandan mayores costos de funcionamiento vinculados a la provisión de servicios básicos (agua, saneamiento, recolección de residuos, alumbrado público, desagües, seguridad, salud, educación, etc.) y transporte público. Afecta negativamente la calidad de vida de las poblaciones que no acceden a dichos servicios, dificultando su reproducción económica y social.

La disponibilidad de espacio en las periferias de las ciudades no resulta necesariamente un aliciente para los sectores populares en búsqueda de su derecho a la vivienda, dado que además de los problemas recién detallados, el 37% del nuevo suelo urbano producido con fines residenciales corresponde a urbanizaciones cerradas y residencial extraurbano, vinculados a los sectores socioeconómicos altos y medio altos[4]. En ese contexto, cobra relevancia el modelo territorial de ciudades más compactas e integradas socio-espacialmente, con TPH planificados como infraestructuras verdes de alta calidad ambiental, capaces de proveer servicios ecosistémicos -de aprovisionamiento, de regulación y culturales- al metabolismo urbano.

Históricamente en Argentina han faltado (o han sido insuficientes) las políticas públicas -nacionales, provinciales y locales- que promuevan un re-ordenamiento y repoblamiento sustentable del territorio rural; y menos aún que sean convergentes y articuladas con políticas sectoriales socio-productivas -modernización técnica, social y ambiental de los sectores rurales y periurbanos- que mejoren y equilibren las estructuras agrarias, que reduzcan las desigualdades sociales y económicas, así como las disparidades en los niveles de desarrollo y acceso a recursos principalmente de los agricultores familiares y empresas agropecuarias de pequeña y mediana escala.

Con las sucesivas reconversiones del sistema productivo se ha ido imponiendo sólo la lógica del mercado; en ella suelen estar ausentes de la agenda pública el relevamiento e identificación de factores estratégicos para la sustentabilidad actual y futura, tales como el abastecimiento sustentable de alimentos saludables para el mercado interno, el arraigo poblacional en zonas naturales y rurales, las mejoras de las condiciones de vida de campesinos y productores, la protección de recursos naturales finitos, etc.

El caso particular de los TPH, con significativa población migrante interna y de países vecinos, presenta particularidades y problemáticas de calidad de vida y condiciones laborales y productivas que requieren políticas públicas enfocadas específicamente.

En los TPH la competencia por el uso del suelo es responsable de una situación continua de incertidumbre, tanto para los productores propietarios como para los arrendatarios; inestabilidad que repercute en condiciones de vida y trabajo, por las reducidas inversiones en la vivienda familiar o en las infraestructuras de producción dada la posibilidad de abandonar o deslocalizarse a lugares más lejanos. En paralelo, la reducida expectativa de continuidad en los TPH y las condiciones desfavorables de producción y comercialización, provocan un manejo productivo que deteriora los bienes comunes: el agua, la tierra y la biodiversidad. Por ello las políticas que garanticen certidumbre contribuirán a un racional uso de los bienes comunes y una mejora en las condiciones de vida.

 

La necesidad de generar un marco regulatorio para la gestión de los TPH no busca simplemente su protección, sino que además amerita su promoción. En tanto cinturones productivos de cercanía, su preservación puede formar parte de algunas medidas urgentes para contribuir a paliar la crisis alimentaria de los sectores más pauperizados del país.

Estos espacios contribuyen a satisfacer el derecho humano a una alimentación adecuada, seguridad y soberanía alimentaria para la población. Esto se logra cuando se asegura el acceso físico y económico de todas las personas a suficientes alimentos frescos y nutritivos para cubrir sus necesidades y preferencias alimentarias, a fin de llevar una vida activa y sana[5]. En este sentido, resulta estratégica la protección y fortalecimiento integral de estos TPH: incluyendo los suelos y la integridad física de los sistemas para evitar su constante atomización y reducción; el agua en suficiente cantidad y calidad, así como los sistemas de regadío existentes; el acceso a las semillas y variedades, junto a tecnologías apropiadas de producción; la diversidad natural y productiva; y, en especial, las personas -los agricultores y agricultoras familiares- que producen y habitan estos espacios (las condiciones dignas de sus hábitats domésticos y productivos). Asimismo, los habitantes de las ciudades tienen derecho a decidir sobre su alimentación, por lo que la conformación de un esquema integrado de gobernanza o control social alimentario rural-urbana debe incidir en la consideración estratégica de estos espacios.

Las frutas y verduras producidas en estos TPH son componentes fundamentales de una dieta nutritiva y saludable para la población del país. En Argentina, el consumo diario promedio por persona se encuentra muy por debajo de los aconsejados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)[6], deficiencia que se asocia a un mayor riesgo de enfermedades no transmisibles (respiratorias crónicas, cardiovasculares, diabetes y determinados tipos de cáncer) así como también un mayor riesgo de obesidad. Las acciones orientadas a incrementar el consumo de frutas y verduras deben comprender, por un lado, el acceso a la educación e información sobre hábitos alimenticios y sus impactos en la salud. Y por otro, medidas que garanticen el acceso físico y económico a estos alimentos saludables, a precios justos; para lo cual los TPH ofrecen enormes posibilidades. Por ejemplo, por los bajos costos logísticos generados por su proximidad a los consumidores y por permitir una relación más directa del campo a la mesa.

Por otra parte, la protección y más aún la promoción de los TPH posibilita la provisión a la comunidad de una variedad de servicios ecosistémicos, además de alimentos: regulan la temperatura como así también los excesos y déficits hídricos, recargan los acuíferos, son sumideros de CO2 y emisores de O2, reservorios de biodiversidad, conservan los suelos y reciclan nutrientes (en especial cuando se trata de sistemas agroecológicos), proveen espacios de ocio y recreación, y albergan patrimonios agrarios tangibles (arquitectura doméstica rural, caminos y puentes, galpones y molinos, etc.) e intangibles culturales e identitarios (gastronomía, fiestas, tradiciones, artesanías, el saber hacer, conocimientos medicinales, etc.). Todo esto redunda en una mejor calidad de vida para las poblaciones urbanas, y en una visión prospectiva, en la seguridad de continuar con el autoabastecimiento nacional de alimentos frescos para la población.

La regulación, protección y promoción de los TPH generará mejoras en las condiciones de vida, trabajo y en el modo de producción. Sucede que la competencia por el uso del suelo y la puja por el valor allí generado es responsable de una presión competitiva que resulta mayor sobre las unidades productivas más pequeñas, cuestión que genera, a su vez una mayor (auto) explotación de la mano de obra, menores ingresos, contracción del consumo, además de un uso más intensivo (y degradante) de los bienes comunes.

Finalmente, los TPH y su cercanía con el consumidor posibilitan y potencian el comercio justo. En estos intercambios los productores reciben un precio constante y más alto que el del mercado convencional, mientras los consumidores acceden a un producto más barato que del canal tradicional, del cual conocen su origen y condiciones de producción. Además, cada vez en mayor medida, la sociedad valoriza particularmente que los productos provengan de pequeños productores familiares, que a su vez participen de experiencias asociativas, como ser cooperativas o grupos de productores donde se fortalecen los lazos comunitarios. De esta manera se fortalece la economía y la cultura local, y se vehiculizan a través de estas relaciones entre producción y consumo, otras demandas que contienen el desarrollo territorial y ambiental. Por otro lado, se revaloriza la actividad agraria, incentivando una recampesinización o producción en manos de jóvenes y familias descapitalizados a través del apoyo brindado por las redes de consumo, mientras se populariza el consumo de alimentos saludables y producidos de manera más sustentable en la ciudad.

 


 Ver las publicaciones del Observatorio de Agricultura Urbana, Periurbana y Agroecología (O-AUPA), dedicado a generar inteligencia territorial para modelos más sustentables de producción, comercialización y consumo de alimentos.
Perspectivas de la agricultura urbana y periurbana en Córdoba
El cinturón verde de Córdoba
Periurbanos para el consenso – Resúmenes ampliados 
Periurbanos para el consenso – Resúmenes cortos
Mate verde como el cinturón 
La alimentación de las ciudades

[1] Al expandirse, las ciudades suelen avanzar sobre suelos de alta calidad para la actividad productiva, suelos que constituyen un bien escaso y que se pierden definitivamente (Martellozzo et al. 2018, United Nations, 2011)

[2] Cordara et al. (2017)¿Cómo crecen las ciudades argentinas? Estudio de la expansión urbana de los 33 grandes aglomerados. Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

[3] Diversas investigaciones señalan que la densidad óptima de una ciudad en relación al costo de provisión de servicios básicos es de aproximadamente 90 habitantes por hectárea, es decir, el doble de la que exhibía Argentina en el año 2016 (Cordara et al., 2017).

[4] Cordara et al. (2017).

[5]  FAO (1996). Plan de Acción de la Cumbre Mundial Sobre la Alimentación. Disponible en http://www.fao.org/docrep/003/w3613s/w3613s00.htm

[6] INTA (2015). Atlas de Consumo de Alimentos.

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